Después de salir de su país, un número cada vez mayor de personas refugiadas y migrantes de Venezuela se enfrentan a un riesgo generalizado de desalojo y situación de calle en sus países de acogida, un problema que se agravó durante la pandemia del COVID-19. Para dar a conocer esta situación y proponer soluciones a largo plazo, el Sector Regional de Protección de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) lanza el proyecto de visualización de datos "No hay hogar lejos de casa".  El proyecto, disponible en español, inglés, francés y portugués, explica el impacto de los desalojos en las personas venezolanos.

Los resultados de una encuesta regional, realizada a finales de 2020 por el Sector Regional de Protección a más de 1.200 hogares de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en siete países de América Latina y el Caribe , revelan los riesgos e impactos de los desalojos en las personas venezolanas en los países de acogida, sus principales necesidades, alternativas y peticiones para mitigar dichas situaciones. En concreto, la encuesta muestra que cuatro de cada diez de los hogares encuestados han sufrido previamente un desalojo, y que el 72% de los encuestados está en riesgo de ser desalojado. La mayoría no tiene contratos de alquiler formales como consecuencia de su situación migratoria irregular, lo que afecta aún más a la seguridad de su tenencia.

Los ingresos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, derivados en gran medida del empleo informal, se han visto gravemente afectados durante la pandemia. Según la encuesta regional, sin la posibilidad de pagar el alquiler, el 75% de las personas desalojadas se han visto obligadas a vivir en la calle. 

Los impactos diferenciados, las medidas efectivas de prevención y las recomendaciones del Sector Regional de Protección a las autoridades nacionales, a los mecanismos de control -incluyendo a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía-, a las organizaciones, a la sociedad civil y a las asociaciones de personas venezolanas se incluyen en el proyecto de visualización de datos, y buscan potenciar un entorno de protección más favorable y que apoyen el goce efectivo del derecho a una vivienda adecuada.