16 de noviembre de 2021 - El Sector Regional de Integración de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) lanzó hoy el estudio “La inclusión de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la respuesta al COVID-19: Medidas socioeconómicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana”, en un evento virtual que podrá volver a verse en el canal de YouTube de la Plataforma R4V.

La presentación contó con intervenciones de autoridades de los gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador, así como de especialistas y representantes de la sociedad civil, del sector privado, de organizaciones de trabajadores y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, participaron Diego Beltrand, Enviado Especial del Director General de la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela; José Samaniego, Director para las Américas del ACNUR; Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD; y Vinicius Pinheiro, Director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT.

El informe profundiza en las medidas de mitigación y recuperación adoptadas por países de América Latina y el Caribe frente a la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y su impacto en la población refugiada y migrante, especialmente en materia de regularización, protección social y empleo; así como identifica desafíos en la implementación de esas políticas; y formula recomendaciones de política pública a partir de las barreras y las buenas prácticas identificadas.

Siguiendo tres líneas de políticas públicas fundamentales, como la regularización, la protección social, y el empleo, el documento ofrece un acercamiento a distintas medidas adoptadas por los gobiernos; y, a la vez, caracteriza tendencias de movilidad humana de los países que hacen parte del estudio como base del análisis y para la elaboración de recomendaciones.

Entre las principales buenas prácticas identificadas, el informe destaca la implementación por parte de los gobiernos de: procesos de registro y regularización de las personas refugiadas y migrantes; simplificación de trámites por canales virtuales; aplicación de normativas migratorias regionales; reconocimiento de la condición de refugiado; ampliación de beneficios monetarios; inclusión de refugiados y migrantes regulares e irregulares en las campañas de vacunación contra la COVID-19; suspensión de procesos de desalojo; y reconocimiento de títulos a profesionales de la salud, entre otras.

En cuanto a las barreras que dificultan la atención e integración de la población migrante y refugiada, se destacan: procesos de regularización de corto plazo y coyunturales; trámites de solicitudes de asilo atrasados por limitaciones administrativas; restricción en la postulación a mecanismos de regularización a personas con ingreso irregular; límites en el acceso a servicios (por ejemplo, salud) y la postulación a auxilios económicos; desconocimiento de los funcionarios de los derechos de las personas refugiadas y migrantes; limitación en los procesos de convalidación de títulos, así como también en las opciones para certificar las competencias y aptitudes laborales; y exclusión de las personas trabajando en el sector informal de los programas de atención y recuperación en materia de empleo, entre otras.

Asimismo, el estudio ofrece recomendaciones a los gobiernos, tales como:

• Reducir la irregularidad a partir de procesos de regularización de largo plazo.
• Facilitar el acceso universal a sistemas de salud.
• Facilitar los procesos de homologación de títulos y la certificación de competencias.
• Generar incentivos fiscales y económicos para el sector privado que colaboren en el emprendimiento y la formalización laboral, incluyendo a la población refugiada y migrante y de acogida.
• Incluir dentro de las políticas y estrategias de recuperación económica a la población refugiada y migrante en el sector informal de la economía.
• Avanzar en el fortalecimiento de políticas que permitan una real inclusión de las mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Diego Beltrand, Enviado Especial del Director General de la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela: "La inclusión de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en las políticas de respuesta y recuperación a la COVID-19 es sumamente importante. La pandemia les ha impactado de manera desproporcionada, aumentando sus vulnerabilidades y afectando sus capacidades de recuperación. Hay varias buenas prácticas de las cuales podemos aprender y ampliar; al mismo tiempo, hay valiosas políticas como las mencionadas en el informe de las cuales las personas migrantes y refugiadas de Venezuela no han podido beneficiarse concretamente por distintas razones. Abordar estos obstáculos, así como replicar o adaptar las buenas prácticas asegurará que no dejemos a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela atrás, y que apoyemos a esta población, que será clave en la recuperación y desarrollo socioeconómico de sus comunidades de acogida."

Vinicius Pinheiro, Director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT: "El panorama laboral en América Latina y el Caribe es complejo y la recuperación económica post COVID-19 presenta retos importantes, como la baja calidad de los nuevos empleos generados. Eso afecta sobremanera las personas trabajadoras refugiadas y migrantes. El estudio que se lanza hoy trae recomendaciones relevantes para los gobiernos de la región en temas de empleo y protección social de estas poblaciones."

Lea el informe aquí.

Lea el resumen ejecutivo aquí.

Contactos de prensa:

Daniela Rovina, OIM, drovina@iom.int

Ilaria Rapido Ragozzino, ACNUR, rapido@unhcr.org