Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos de nacionalidad venezolana matriculados por Institución Educativa en Antioquia.

Reporte situacional sobre la respuesta a refugiados y migrantes de los socios del GIFMM local.

Reporte situacional sobre la respuesta a refugiados y migrantes de los socios del GIFMM local.

Ficha con mapa presencial y operacional del GIFMM local.

Reporte situacional sobre la respuesta a refugiados y migrantes de los socios del GIFMM local.

Como parte del proceso de integración, para generar bienestar en el individuo y maximizar la capacidad de contribuir a la economía peruana, resulta relevante generar condiciones para facilitar el acceso a productos y servicios financieros. En tal sentido, la Política Nacional de Inclusión Financiera, aprobada mediante Decreto Supremo N° 255-2019-EF del 05 de agosto de 2019, considera que la inclusión en un sistema financiero formal puede llevar a mejorar el bienestar económico de la población, estableciendo así acciones para incrementar el acceso y uso de productos y servicios financieros por parte de diferentes grupos poblacionales. Aún cuando algunas entidades financieras han realizado esfuerzos para incluir a la población local y extranjera al sistema financiero, esta última enfrenta ciertas barreras para acceder a productos y servicios. Esto debido al desconocimiento del funcionamiento del sector financiero peruano, a la poca información que disponen las entidades financieras para comprender las características de esta población y su potencial como nuevo nicho de mercado, así como al desconocimiento por parte de las entidades de los documentos de identificación válidos que acreditan y regularizan la situación de la población en el país, entre otros aspectos. Teniendo presente este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Consejo Mundial (WOCCU), en el marco del Proyecto de Inclusión Económica, elaboraron la presente guía con el objetivo de orientar al sector financiero, en sus diferentes niveles, sobre la implementación de buenas prácticas desde el lado de la oferta de servicios financieros, para conocer los documentos de identidad y el perfil de la población extranjera, especialmente refugiada y migrante, para facilitar el diseño de estrategias que promuevan su inclusión financiera en el Perú.

O Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização de Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade do CFAE publicou o Informativo de Interiorização referente a Março de 2023.

Un resume de los antecedentes a la creación del Plan de Normalización de los Venezolanos, y de los logros y retos de su implementación.

Análisis sobre el primer año de despliegue del Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de Flujos (SMFCF) que se desarrolló e implementó por el GTRM Ecuador y sus socios, con el objeto de recopilar información sobre las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que ingresan y/o salen del país por pasos informales, ya sea en tránsito hacia terceros países o con vocación de permanencían en el Ecuador, y también para caracterizar a la población que recibe asistencia durante los ejercicios de monitoreo.

En los meses de septiembre y octubre de 2022, en la frontera norte de Perú (Tumbes), la OIM observó mayores flujos de entradas que de salidas de población refugiada y migrante venezolana . De un total de 980 personas encuestadas, 698 estaban entrando al Perú y 282 estaban saliendo. A nivel internacional, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU informó el 12 octubre sobre el nuevo proceso de control migratorio para personas venezolanas, indicando que quienes crucen la frontera de Estados Unidos con México estarán sujetas a las disposiciones de la Orden del Título 42. Adicionalmente, se ha desarrollado un nuevo programa de admisión humanitaria que permitirá la entrada a Estados Unidos para 24.000 personas venezolanas que cumplan con determinados requisitos impuestos por el Gobierno Americano. Tomando en cuenta estas medidas, durante el mes de septiembre hasta el 12 de octubre, se registró que un 41 por ciento de las salidas del país tenían como destino final los Estados Unidos o Centroamérica; sin embargo, estos porcentajes disminuyeron abruptamente a un 12 por ciento después de dicha fecha. Durante los meses de septiembre y octubre, los conteos observacionales que se realizan en la frontera norte del Perú con Ecuador (Tumbes), a través de la metodología Flow Monitoring Registry (FMR por sus siglas en ingles), han registrado diariamente, en promedio, 807 entradas y 485 salidas de población venezolana.

En la Ronda 19, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2022, bajo la metodología DTM (Matriz de Seguimiento de Desplazamientos) de caracterización se encuestó a un total de 969 personas refugiadas y migrantes venezolanas (en adelante población venezolana), de los cuales 817 fueron personas que entraron al país y 152 fueron personas que se encontraban saliendo del país. Este periodo de análisis fue bajo un contexto de agitación social ya que desde el 7 de diciembre se presenció protestas sociales a lo largo del territorio nacional. El 14 de diciembre bajo el Decreto Supremo N°143-2022-PCM (Diario El Peruano, 2022) se declaró Estado de Emergencia en todo el territorio peruano y posterior a ello las protestas sociales han continuado hasta el cierre de diciembre. En consecuencia, es posible apreciar que, durante el mes de noviembre (DTM FMR Ronda 53 a la 57), se observó un mayor tránsito migratorio respecto del mes de diciembre (DTM FMR Ronda 58 a la 62). Entre los principales hallazgos, dentro de los migrantes y refugiados que ingresaron al país se identificó que el porcentaje de personas que tienen la intención de quedarse en Perú fue del 60 por ciento, cifra que se ha incrementado respecto de la Ronda 18. Con relación a la población que salió del país, también se incrementó el porcentaje de personas que tienen intención de dirigirse a Venezuela (62%), porcentaje superior a lo registrado en la Ronda anterior donde, en promedio, el 34 por ciento tenía intención de dirigirse a Venezuela.

Entre los meses de julio y agosto de 2022, en la frontera norte de Perú (Tumbes), la OIM observó mayores flujos de salida. En comparación con mayo y junio del 2022, habiendo un aumento de población venezolana que estaba de salida del país. Por otro lado, sobre el canal de Zarumilla, se observaron puentes clandestinos hechos de madera mediante los cuales estarían ingresando personas de manera irregular evadiendo los controles documentarios realizados por la Policía Nacional del Perú. Con base en encuestas a población venezolana en esta zona, existirían organizaciones delictivas que estarían cobrando en promedio USD 10 por cruzar la frontera a través de dichos puentes. Hasta el mes de agosto, fue posible constatar que la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de personas en Tumbes ha conseguido desarticular a más de 100 estructuras criminales en la zona través de 487 operativos a nivel nacional . Durante este periodo, fue posible confirmar que población venezolana que viaja con niños, niñas y adolescentes y con gran equipaje, intenta evitar el cruce directamente por el puente internacional, dado que existe mayor presencia policial que realizando controles migratorios.

La ciudad de Tacna, se encuentra ubicada en el departamento del mismo nombre, localizada al sur del Perú y colindante con el norte de Chile. Es la segunda frontera más frecuentada del país (luego de Tumbes) por las personas refugiadas y migrantes en movilidad (en adelante, población venezolana), que tienen como objetivo migrar a Chile, principalmente. Por el lado peruano, en esta frontera se ubica el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en la cual se realizan los controles migratorios regulares a las personas que entran y salen hacia Chile. Sin embargo, debido a los requisitos que solicita cada país, las personas migrantes que no cumplen con dichos requisitos atraviesan por puntos irregulares como por la zona desértica en dicha frontera, donde quedan expuestos a diversos riesgos de protección y de salud. El 12 de octubre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció un nuevo proceso migratorio para las personas venezolanas. Desde el anuncio, las personas venezolanas que crucen irregularmente la frontera terrestre de Estados Unidos (EE.UU.) con México estarán ahora sujetas al Título 42, que ordena la expulsión inmediata a México. Paralelamente, se anunció un nuevo programa temporal humanitario que permitirá la entrada a EE.UU. de hasta 24.000 venezolanos elegibles por un período de hasta dos años, con la posibilidad de solicitar autorización de trabajo. Ante la necesidad de conocimiento de las características del desplazamiento y movilidad de la población venezolana que transita por la provincia de Tacna, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha implementado la Encuesta de caracterización a población venezolana en Tacna desde el 22 de agosto de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022, la cual busca recopilar datos sobre sexo, edad, características de viaje, principales necesidades, asuntos de protección, país de destino y contabilizar a los miembros que conforman los grupos de viaje, a las personas encuestadas. También pretende recolectar información sobre el perfil de niñas, niños y adolescentes (NNA) que integran estos grupos de viaje (información que es proporcionada por la persona adulta tutora mayor de 18 años que acompaña a la persona menor).

Puno fue una las regiones más afectadas por las protestas sociales durante enero de 2023. A pesar de que se estableció treguas en determinados periodos, hubo registro de vías bloqueadas (SUTRAN, 2023), las más afectadas fueron las vías de Juliaca y el Puente Internacional que permite el tránsito entre Bolivia y Perú. Una segunda expresión de protesta social persistente en el mes fue los incendios en establecimientos del Estado, como el puesto de peaje de Ilave, puesto policial del distrito de Zepita, Puesto de Vigilancia Fronterizo de Kasani (límite con Bolivia), la sede del Poder Judicial de Macusani, oficinas de aduanas y migraciones, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), comisaría de Ilave, El Collao, los almacenes del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) ubicado en Desaguadero. Frente a esta situación el Estado y otras entidades aplicaron una serie de medidas de seguridad. En los primeros días de enero, se suspendió, de manera temporal, las operaciones en el Aeropuerto Internacional Manco Cápac (Infobae, 2023). El 10 de enero, el gobierno peruano publicó el Decreto Supremo N°002-2023-PCM (Gobierno del Perú, 2023) que declara inmovilización social obligatoria en Puno por 3 días calendario. Adicionalmente, el 14 de enero, se publicó el Decreto Supremo n°009-2023-PCM (Gobierno del Perú, 2023), que indicaba la declaración de Estado de Emergencia por un plazo de 30 días para las regiones de Puno Cusco y Lima. El 24 de enero, se publicó el Decreto Supremo N°013-2023-PCM (Gobierno del Perú, 2023) que prorroga el término de 10 días calendario, a partir del 25 de enero, esta medida implica la inmovilización social obligatoria entre las 20:00 – 4:00 horas en la región de Puno. El bloqueo de las vías y la suspensión de los medios de transporte ha ocasionado que familias refugiadas y migrantes de nacionalidad haitiana se encuentren varadas en el distrito de Desaguadero. Esta situación, más el estado de salud afectado por las condiciones relacionadas a su viaje, ha ocasionado que cuatro personas fallecieran por afecciones pulmonares al no tener acceso oportuno a los servicios de salud (Swissinfo, 2023).

Durante el mes de enero de 2023, la frontera sur de Perú (Tacna) ha continuado siendo una de las más afectadas desde el 14 de diciembre de 2022 tras la declaratoria del Estado de Emergencia en el territorio peruano. En el contexto actual, se presentaron manifestaciones, protestas sociales y bloqueo de carreteras. Sin embargo por fiestas de fin de año, se suspendieron estas manifestaciones desde el 27 de diciembre hasta el 3 de enero. A partir del 4 de enero se retomaron las protestas sociales lo que ha implicado el cierre de las principales terminales de transporte (Manuel Odría, Flores, Collasuyo e los Incas) de la ciudad de Tacna, por varias semanas y aperturas parciales; ello afectó en las rutas de viaje de las personas migrantes que llegaron a quedarse varadas fuera de las terminales. En ese contexto solo se realizó un conteo durante el mes de enero. Cabe mencionar que estos terminales se ubican aproximadamente a 50 km de la frontera con Chile).

Frente a la movilidad humana bajo los puntos de control fronterizo regulares, el 28 de enero, el Superintendente Nacional de Migraciones de Perú, realizó una visita a la zona fronteriza norte del país, con la finalidad de fortalecer y optimizar el control migratorio en la frontera entre Perú y Ecuador. En este contexto, se reunió junto con la responsable de Migración Ecuador en la provincia de Oro, para coordinar acciones conjuntas que permitan la atención con mayor agilidad y seguridad en los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) de Tumbes (Perú) y Huaquillas (Ecuador), durante el proceso de ingreso y salida. En paralelo, se coordinaron operativos junto con el Frente Policial de Tumbes con la finalidad de monitorear los flujos migratorios. (Superintendencia Nacional de Migraciones, 2023).

Entre el 6 y el 12 de diciembre se realizaron operativos de verificación y fiscalización migratoria por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) en diferentes regiones del país, entre ellas, Tumbes (Gobierno del Perú, 2022). A partir del 7 de diciembre se desarrollaron protestas sociales a nivel nacional. En paralelo, el Estado peruano publicó, el 14 de diciembre el Decreto Supremo N°143-2022- PCM (Diario El Peruano, 2022) declarando el Estado de Emergencia en todo el territorio peruano. En cuanto a la situación de los conteos, con la finalidad de proteger la integridad de las personas involucradas en el recojo de información, el conteo 7 de diciembre se realizó hasta el mediodía; adicionalmente, se desarrolló un conteo adicional el 30 de diciembre. En Tumbes, de manera posterior al 7 de diciembre, no se registraron eventos que afectaran los flujos y el proceso de recojo de información.

En la frontera sur de Perú con Chile (Tacna), a partir del 2 de diciembre se habilitó el Puesto de Control Migratorio Ferrocarril entre Tacna y Arica, por 24 horas al día durante los fines de semana, esto bajo el acuerdo en el IV Gabinete Binacional de Ministras y Ministros de Perú y Chile (Superintendencia Nacional de Migraciones, 2022). En la semana del 7 de diciembre y en su posterioridad, se han registrando protestas sociales en el Perú tras la declaratoria de Estado de Emergencia en todo el territorio nacional y el contexto socio político peruano que transcurrió durante todo el mes (Diario El Peruano). En la semana del 14 de diciembre se cerraron los terminales de transporte donde usualmente se desarrollan los conteos, esto debido al bloqueo de la carretera Panamericana Sur afectando principalmente a la región sur del Perú. Estas protestas sociales han generado la suspensión y/o ejecución parcial de los conteos en la frontera sur del país, lo cual también afectó la dinámica de un menor comercio. Finalmente, en la semana del 22 de diciembre, se volvió a aperturar el tren Tacna-Arica tras permanecer suspendido por tres años por la COVID-19, lo cual ha permitido mantener y asegurar

El 7 de diciembre se inició una serie de protestas sociales a nivel nacional que se mantuvieron a lo largo del mes. En la región del altiplano puneño, las empresas del terminal terrestre se unieron a las protestas lo que ocasionó que el servicio de transporte hacia Arequipa, Cusco, Lima, Tacna y Moquegua quede suspendido desde el 11 de diciembre. (La República, 2022). Adicionalmente, se bloquearon distintos tramos de la carretera binacional (Desaguadero-Ilo, Puno-Juliaca y Puno-Cusco) y el puente de Ilave que da conexión a Bolivia; entre el 21 de diciembre de 2002 y el 4 de enero de 2023 se generó una tregua que permitió el desbloqueo de ambas vías. (La Republica, 2022) . Otro medio de transporte que se vio afectado fue el aéreo, como parte de medida de seguridad el aeropuerto Inca Manco Cápac, ubicado en la ciudad de Juliaca-Puno clausuró sus operaciones hasta el 20 de diciembre. Como parte de las medidas del Estado peruano, a parte de la clausura del aeropuerto en Juliaca, el 15 de diciembre promulgó el Decreto Supremo N°143-2022-PCM (Diario El Peruano, 2022) declarando el Estado de Emergencia e Inmovilización social obligatoria en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Estos eventos generaron que diferentes personas extranjeras y nacionales se queden varadas por varios días sin tener la posibilidad de salir de Puno hacia sus destinos. De la misma manera, el recojo de información para los conteos se vio afectado, con la finalidad de proteger la integridad de las personas, el conteo 7 de diciembre se realizó hasta el mediodía y los conteos del de diciembre se suspendieron. Gracias al cese de protestas sociales que se dio el 21 de diciembre, el conteo 30 de diciembre se llevó a cabo con normalidad.