Violencia basada en género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú

La presente investigación revela que existen múltiples obstáculos que dificultan el derecho de las mujeres venezolanas de acceder sin discriminación a la justicia y a los servicios de salud. La percepción generalizada de impunidad y la falta de efectividad del funcionamiento de justicia en general - tanto para nacionales como extranjeras - son elementos que desincentivan a muchas mujeres a denunciar la violencia basada en género en ambos países. Pero las mujeres refugiadas venezolanas enfrentan además retos específicos: la falta de regularización migratoria provoca en ellas la percepción de que no tienen los mismos derechos que el resto de la población y que, por lo tanto, no pueden exigirlos ante las instituciones, o que al hacerlo correrían el riesgo de ser deportadas a su país. A esto se suma la brecha en el acceso a la información sobre las rutas de atención para las personas sobrevivientes de violencia basada en género: las mujeres venezolanas reportan que no las conocen, no saben a qué institución dirigirse ni qué mecanismos existen.

Por otro lado, la investigación encuentra que las personas funcionarias encargadas de atender a sobrevivientes de violencia basada en género desconocen los derechos y requisitos para el acceso de las mujeres refugiadas y migrantes a las rutas y medidas de protección existentes. Además, en muchas ocasiones han integrado estereotipos compuestos, en los cuales la violencia machista se une con prejuicios xenofóbicos contra las personas venezolanas. Esto resulta no solamente en una denegación de acceso a la justicia para estas mujeres, sino en nuevas formas de violencia y discriminación en su contra por parte de quienes tienen la obligación de atenderlas y protegerlas.

Amnistía Internacional identificó otras deficiencias de la respuesta estatal en ambos países, como la falta de disponibilidad y acceso a albergues temporales para sobrevivientes de violencia de género, que afecta en particular a las mujeres venezolanas, quienes no cuentan con redes de apoyo, y la falta de recopilación adecuada de información estadística que permitiría diseñar políticas públicas que aborden el impacto diferenciado de estas violencias para las mujeres venezolanas. Además, la ausencia de campañas efectivas para atacar los estereotipos compuestos que facilitan esta violencia, y así prevenirla, contribuye a la continuación y agravación de la violencia hacia las mujeres venezolanas en estos países.

En cuanto a los servicios de atención de salud, en Colombia y Perú las normas establecen que, tratándose de mujeres y personas sobrevivientes de violencia de género, estos servicios entran bajo la categoría de servicios de emergencia/urgencia, por lo que no se le puede negar a ninguna persona. Sin embargo, Amnistía Internacional observó que, en la práctica, la ausencia de una definición clara para los sistemas de salud de lo que se considera una emergencia en casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, hace que las personas funcionarias públicas de primera línea de atención lo interpreten de maneras diferentes, lo cual limita el acceso de las mujeres refugiadas venezolanas a los servicios de salud.